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13 DE FEBRERO DE 2020
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
COMUNICADO DE PRENSA


San Luis Potosí, S.L.P., 13 de febrero de 2020

SUMA SSPE ESFUERZOS PARA QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PUEDAN EJERCER SU VOTO EN PROXIMAS ELECCIONES

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población interna de los Centros Penitenciarios del Estado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, se reunió con el Vocal Ejecutivo del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, para que este sector de la sociedad pueda ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

En el marco de las acciones que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) a efecto de dar cumplimiento a la sentencia número SUP-JDC-352-2018, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se desprenden dos efectos de suma relevancia.

1.- El principio de presunción de inocencia como eje rector para el reconocimiento del derecho al voto de las personas privadas de su libertad y 2.- La base fundamental del reconocimiento del derecho al voto de las personas en reclusión es, justamente, el principio de presunción que se encuentra previsto en al artículo 20 de nuestra Constitución Federal y que implica que toda persona imputada se presuma inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia definitiva y firme.

El reconocimiento del derecho al voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva, y la resolución emitida que ordena al INE realizar una prueba piloto para permitir ejercer el voto a las personas en prisión preventiva antes de las elecciones en el 2021, esto con el objetivo de que en el año 2024 todas las personas que se encuentren en esas circunstancias puedan emitir su voto.

Para la prueba piloto que realizará el Instituto, se deberá de considerar una muestra representativa de personas que se encuentren en prisión preventiva, que abarque las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide geo-electoralmente el país, así como diversos distritos electorales uninominales. Para ello, se deberán tomar en cuenta los centros penitenciarios varoniles y femeniles.

Este criterio se inscribe en la línea jurisprudencial que protege y salvaguarda una democracia inclusiva o incluyente, pues busca reintegrar al cuerpo de ciudadanos a personas que históricamente han sido discriminadas o relegadas de los procesos comiciales y que no cuentan con sentencia.

Con estas acciones interinstitucionales, la SSPE se suma al reconocimiento del derecho al voto activo de las personas privadas de su libertad.


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